Estas declaraciones las ha relacionado en el seno de la Diputación Permanente, que se ha reunido hoy en el Parlamento Vasco para debatir sobre el operativo policial y judicial de la semana pasada contra abogados vascos. La iniciativa de convocar la Diputación Permanente partía de EH Bildu, aunque, finalmente, se ha aprobado una enmienda de totalidad de EAJ-PNV, con el apoyo de la coalición, en la que se condena el operativo de la semana pasada y se hace un llamamiento a aparcar las estrategias del pasado que bloquean el presente.

Tal y como ha informado, el proceso de pacificación está “bloqueado” por las actitudes que están manteniendo ETA y el Ejecutivo de Madrid. Por un lado, la organización sigue sin desarmarse, tres años y tres meses después de anunciar el cese de su actividad violenta. Y, por el otro, el Gobierno español, lejos de verificar la autenticidad del anuncio de ETA, sigue desarrollando operaciones policiales bajo el principio acusador de “todo es ETA”. A este respecto, ha criticado la “cobardía política” del Gobierno de Rajoy, que presionado por determinadas asociaciones de víctimas, no da pasos como desterrar la legalidad de excepción y desoye las exigencias de Europa: prefiere no corregir la aplicación de las penas y que sea Estrasburgo quien se lo ordene”.

Egibar ha exigido a las dos partes asumir sus respectivas responsabilidades y dar pasos firmes en favor de un escenario de pacificación, tal y como lo exige la sociedad vasca.

La iniciativa aprobada por la Diputación Permanente recoge estos emplazamientos en cuatro puntos. En el primero, se denuncia la estrategia político-judicial impulsada por el Gobierno español, que tres años después de anuncio de ETA, no verifica la autenticidad de la decisión y continúa desarrollando operaciones policiales bajo el principio acusador de “todo es ETA”.

En segundo lugar, reitera su rechazo a la legalidad de excepción y recalca la gravedad que supone mantener en la actualidad juicios como el del sumario 04/08, cuya apertura se ha hecho coincidir con nuevas detenciones policiales.

Asimismo, el Parlamento vasco denuncia la “irresponsabilidad” del Ejecutivo de Rajoy, que “presionado sobre distintas instancias judiciales y magistrados, pretende retrasar la aplicación de la transposición de la decisión marco 675/2008 del Consejo de la Unión Europea, referida a cómo deben computarse las penas y valorar las sentencias emitidas por otros países miembros”.

Por último, la Cámara vasca reitera su “compromiso de construir entre todos un futuro de paz y convivencia, asumiendo cada cual el nivel de responsabilidad que le corresponde en las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en nuestro pueblo, y desterrando estrategias, actitudes y comportamientos propios del pasado que nos impiden avanzar en la dirección que exige la sociedad vasca”.