David Latxaga, parlamentario de EAJ-PNV, ha destacado el valor del acuerdo que los grupos parlamentarios han sellado en la ponencia que estudia este proyecto de Ley de Emergencias. “El nivel de acuerdo que en torno a esta nueva norma hemos conseguido en la Cámara es reflejo de una forma de trabajo de mano tendida.  Aquí el diálogo entre diferentes es posible y necesario”. En este sentido, el representante jeltzale ha subrayado que el acuerdo “será beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca”. La ley ha sido mejorada gracias a la voluntad de todos los grupos y en ella se recogerán enmiendas de todas las formaciones. “Hemos acordado con todos y eso enriquece la norma”.

El texto pactado actualiza todo el sistema vasco de emergencias y protección civil y aporta una perspectiva integral que permitirá ofrecer la previsión y la respuesta adecuada que deben tener las emergencias.  La formación del personal se refuerza y se cubren algunas carencias de la legislación vigente. “Teníamos una norma que data de 1996. En estos 20 años que han transcurrido desde entonces, se han producido muchos avances que facilitan una mejor gestión de las emergencias”. La nueva norma incorpora esos progresos y avanza en la respuesta que las instituciones pueden dar a una situación de riesgo. Así, se consolidan los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, regulando la red de alertas y vinculando los servicios meteorológicos con la protección civil. Además, se incorporan las obligaciones de autoprotección de las empresas y se actualizan las funciones de los Centros de Coordinación de Emergencias de Euskadi. David Latxaga ha puesto en valor la importante labor que cumplen estos centros en la atención y la gestión de todas las llamadas e incidentes de emergencias. “Este servicio es una pieza clave dentro de todo el sistema público de emergencias. El teléfono 112 atendió en 2015 casi un millón de llamadas y 200.000 incidentes. Un trabajo vital que también esta Ley se va a encargar de reconocer”. De esta manera, se contempla la creación de distinciones para el personal que interviene en una emergencia y para la ciudadanía que colabora en este tipo de situaciones. Para reforzar la autoridad de quienes trabajan en la coordinación de los operativos de emergencias, estos obtendrán la condición de agente de la autoridad.

La reforma tiene también un régimen sancionador con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. “Se castigarán las conductas de quienes realicen un uso indebido del teléfono 112. Realizar un falso aviso de emergencia que suponga movilizar a los recursos de protección civil será considerada una falta muy grave”, ha advertido Latxaga.

Fruto de la negociación entre los diferentes grupos, el texto recoge novedades como “la existencia de una estructura organizativa pública profesional” para el ejercicio de las funciones encomendadas al Gobierno Vasco y al Departamento competente en la coordinación  y apoyo a la intervención en situaciones de protección civil, emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas. Así mismo, se contemplan medidas de fomento para la creación de redes de apoyo a los servicios profesionales conformadas por organizaciones del voluntariado. Sus integrantes, ha señalado Latxaga, “cooperarán en las labores de atención de emergencias pero no suplirán a los servicios profesionales y deberán contar con una formación mínima y previamente establecida”. La  Academia Vasca de Policía y Emergencias, la Academia de Arkaute, será el centro de formación y preparación de todos los actores integrantes del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil.

La Ponencia, que desde el mes de octubre ha estudiado este proyecto de Ley, tiene ya listo el informe que será aprobado en la reunión que el próximo 22 de marzo celebrará  la Comisión de Instituciones y Seguridad. Después se elevará a Pleno para su ratificación definitiva.