El parlamentario de EAJ-PNV, David Latxaga, ha considerado que el acuerdo alcanzado en torno a la futura Ley de gestión de Emergencias será beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca ya que “el texto ha sido mejorado gracias a la voluntad y a las aportación de todas las grupos parlamentarios. Hemos acordado con todos, y eso enriquece la norma. El trabajo ha sido intenso y fruto del mismo hemos llegado a un consenso amplio”.

En ese sentido, el parlamentario jeltzale ha recordado que la normativa incorporará propuestas de todos los grupos de la oposición; y ha destacado que el texto pactado actualizará todo el sistema vasco de emergencias y protección civil aportando una perspectiva integral. “La Ley permitirá ofrecer la previsión y la respuesta adecuada que deben tener todas las emergencias”, ha dicho.

Latxaga también ha explicado que la formación del personal se verá reforzada y se cubrirán algunas carencias de la legislación vigente. “Teníamos una norma que data de 1996 y en estos 20 años se ha  producido muchos avances que facilitan una mejor gestión de las emergencias”. La nueva norma incorpora esos progresos y avanza en la respuesta que las instituciones pueden dar a una situación de riesgo. Así, se consolidan los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, regulando la red de alertas y vinculando los servicios meteorológicos con la protección civil. Además, se recogen las obligaciones de autoprotección de las empresas y se actualizan las funciones de los Centros de Coordinación de Emergencias de Euskadi.

El representante jeltzale ha puesto en valor la importante labor que cumplen estos centros en la atención y la gestión de todas las llamadas e incidentes de emergencias. “Este servicio es una pieza clave dentro de todo el sistema público de emergencias. El teléfono 112 atendió en 2015 casi un millón de llamadas y 200.000 incidentes. Un trabajo vital que también esta Ley se va a encargar de reconocer”. De esta manera, se contempla la creación de distinciones para el personal que interviene en una emergencia y para la ciudadanía que colabora en este tipo de situaciones. Para reforzar la autoridad de quienes trabajan en la coordinación de los operativos de emergencias, estos obtendrán la condición de agente de la autoridad.

La reforma tiene también un régimen sancionador con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. “Hay una actualización de todo el régimen en sancionador y una ampliación de los supuestos que pueden ser penados. Como novedad, se castigarán las conductas de quienes realicen un uso indebido del teléfono 112. Realizar un falso aviso de emergencia que suponga movilizar a los recursos de protección civil será considerada una falta muy grave”, ha advertido Latxaga.

Fruto de la negociación entre los diferentes grupos, el texto recoge nuevas consideraciones como “la existencia de una estructura organizativa pública profesional” para el ejercicio de las funciones encomendadas al Gobierno Vasco y al Departamento competente en la coordinación  y apoyo a la intervención en situaciones de protección civil, emergencias ordinarias e incidentes con múltiples víctimas. Así mismo, se contemplan medidas de fomento para la creación de redes de apoyo a los servicios profesionales conformadas por organizaciones del voluntariado. Sus integrantes, ha señalado Latxaga, “cooperarán en las labores de atención de emergencias pero no suplirán a los servicios profesionales y deberán contar con una formación mínima y previamente establecida”. La  Academia Vasca de Policía y Emergencias, la Academia de Arkaute, será el centro de formación y preparación de todos los actores integrantes del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil.

Aprobado el dictamen en la Comisión parlamentaria de hoy, la norma será ratificada en un próximo pleno, previsiblemente en este mes de abril.