La Comisión de Empleo del Parlamento vasco ha aprobado este martes con un gran consenso el dictamen del proyecto de Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, por lo que ahora deberá ser aprobada en un próximo pleno de la Cámara vasca.

El parlamentario de EAJ-PNV, Jon Aiartza, ha destacado la necesidad de esta  ley ya que el Tercer Sector en Euskadi está conformado por unas 3.000 entidades con una plantilla que ronda los 35.000 trabajadores y trabajadoras; y además, cuenta con 125.000 voluntarios y voluntarias, por lo que su actividad tiene un impacto en la economía superior al 2% del PIB vasco. Del mismo modo, según ha recordado el representante jeltzale, “cualitativamente se puede afirmar que su impacto en el campo social es muchísimo mayor, es un activo determinante en configurar una sociedad más justa, solidaria, ayudando a quien más lo necesita, y eso es imposible de cuantificar por su importante valor añadido. Estos datos ilustran la necesidad de la Ley”.

Aiartza ha defendido la dilatada labor del Tercer Sector en Euskadi, es decir, del tejido social extenso, plural y activo conformado por organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y canalizan la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en general y de las propias personas, familias, grupos o comunidades afectadas por una situación, problema o necesidad de carácter social. “Este tercer sector constituye, en suma, un activo fundamental de la sociedad vasca. Por un lado, para configurarse como una sociedad justa, solidaria, cohesionada, participativa y democrática; y por otro lado, para responder de una manera más adecuada (integral, cercana, personalizada, participativa…) a las necesidades sociales”, ha dicho.

Finalmente, el representante jeltzale ha destacado que a este tejido se le da un nombre jurídico, lo que posibilita que sean sujeto y protagonista de las políticas sociales. “Se define el Sector, sus fines y sus organizaciones. Se refuerzan las relaciones con las administraciones y su capacidad de interlocución. La ley supone el reconocimiento efectivo a la importante contribución social que conlleva su labor. Son activo fundamental en la construcción de una sociedad cohesionada y justa, y así se les reconoce.”, ha terminado Aiartza.