El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado hoy la Ley de Administración Ambiental de Euskadi; una norma que mejora sustancialmente la ya en vigor y avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio ambiente, manteniendo unos elevados estándares de calidad y reforzando las labores de inspección y control. La parlamentaria jeltzale Maria Eugenia Arrizabalaga ha subrayado la importancia de contar con una nueva ley que se adecue a la realidad del momento y responda de manera más eficaz a las demandas de la ciudadanía. “Hay nuevos retos, desafíos cuya resolución requieren de nuevas herramientas; herramientas más ambiciosas para promover una economía sostenible y una gestión eficaz de los recursos naturales. Asumimos mayores exigencias en la lucha contra la contaminación y estándares de protección del Medio Ambiente”, ha apuntado.

Mejorar la calidad de vida y el bienestar general son los objetivos globales de una norma que además impulsará la corresponsabilidad público-privada en la protección medioambiental.  “La pérdida de valores o la amenaza del cambio climático nos exigen corresponsabilidad, capacidad de reacción y rapidez en la gestión de soluciones para posibilitar en Euskadi un desarrollo socio-económico armónico con nuestro entorno. Porque preservar el medio ambiente es una obligación inexcusable para con las siguientes generaciones”, ha afirmado.  “Vivimos tiempos decisivos para el medio ambiente y todos y todas estamos interpelados en esta tarea si queremos dejar un mundo habitable y mejor para quienes nos va a suceder. Esta ley es necesaria para garantizar la máxima protección de nuestro entorno”.

Entre las muchas cuestiones que esta nueva ley regula se encuentran los ambiciosos objetivos de reducción de residuos y fomento de la economía circular establecidos en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno. Así, se establece rango de ley para el canon de vertido, bajo la premisa de que “quien contamina paga”. Del mismo modo, la administración pública vasca se erige en ejemplo a seguir al establecerse por ley la obligación de emplear un 40% de materiales reutilizados o reciclados en las obras públicas.

PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL

Arrizabalaga ha defendido la necesidad de incluir en la Ley de Administración Ambiental la figura, común en la mayoría de comunidades autónomas, de los proyectos de interés público superior, porque responde al objetivo de “defender el interés general frente a determinadas posiciones locales” que puedan oponerse a intervenciones públicas que afectan al conjunto de la ciudadanía vasca. Así, ha acusado a EH Bildu de abrir un debate partidista, pero no municipalista, en torno a una figura que ni contradice ni devalúa el principio de autonomía local de los municipios. No estamos ante una figura nueva, ni ante una figura que erosione el principio de autonomía municipal de los ayuntamientos. Su implantación está avalada por sentencias constitucionales y es común en una gran parte de las comunidades autónomas. Además, ha destacado que los proyectos que sean definidos de interés público general por el Gobierno Vasco deberán ajustarse a un procedimiento de elevadas garantías ambientales y teniendo en cuenta a los ayuntamientos.

Pero de forma interesada, EH Bildu ha hecho su particular guerra y ha arrastrado al resto de grupos de la oposición. “Era una ley eminentemente técnica, pero paradójicamente se ha convertido en una ley política con unos incitadores: las y los representantes de EH Bildu, que han llenado de mentiras, manipulación y humo este debate”, ha asegurado. La parlamentaria jeltzale ha recordado a la coalición que cuando gobernaba en Navarra, y siendo suya la cartera de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aplicaron y no derogaron una ley similar a la que hoy este Parlamento ha dado el visto bueno.