El Parlamento Vasco ha aprobado una Proposición No de Ley en contra de la política de dispersión  que se aplica a los presos vascos y ha instado al Gobierno español a acabar con la misma, al entender que no existe ningún impedimento legal para ello. La iniciativa ha salido adelante con los apoyos del PNV y EH Bildu.

El presidente del GBB y portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, ha argumentado la necesidad de modificar la política penitenciaria vigente y de favorecer la reinserción de los reclusos. “El PSE y el PP diseñaron la política penitenciaria como herramienta de lucha contra el terrorismo, una decisión que contó con la oposición del PNV desde el inicio. Ahora que ETA ha desaparecido, es necesario poner fin a la dispersión y el alejamiento de los presos”, ha defendido.

El portavoz jeltzale ha criticado a los partidos constitucionalistas por supeditar a la desaparición de ETA los posibles cambios en la política penitencia, ya que “no existe una sola ley en la se recoja ese planteamiento”. A este respecto, ha criticado que el Ministerio del Interior “se rige exclusivamente por criterios políticos para mantener la dispersión y el alejamiento”.

Una vez más, Egibar ha abogado por la reinserción de los presos y ha puesto en valor el pronunciamiento que realizó el colectivo de presos vascos (EPPK) el pasado mes de diciembre, cuando reconocieron el daño causado, rechazaron las estrategias defendidas en el pasado y apostaron por la reinserción individualizada.  En este sentido, ha pedido a la izquierda abertzale que asuma la responsabilidad que le recae como movimiento del que forman parte el conjunto de los presos. “No es cierto que la izquierda abertzale sea ETA, pero los presos de ETA sin son de la izquierda abertzale, por lo que, como movimiento, debería ofrecerles cobertura política desde una lectura autocrítica en el camino emprendido hacia la reinserción”, ha manifestado.

El portavoz del PNV ha vuelto a recordar que fueron el PSE y el PP quienes acordaron el Pacto Antiterrorista y el actual sistema penitenciario como herramienta de persecución contra ETA. Y ha remarcado que su partido “ni participó, ni diseñó, ni avaló ninguna política penitenciaria que vulnerase los derechos humanos de las personas”.

Para dilucidar cualquier duda, ha puntualizado que  la decisión de dispersar y alejar a los presos la tomó el ministro socialista Enrique Múgica el año 1989, tras los atentados sangrientos de Hipercor, el cuartel de Zaragoza y Vic. Dentro de las propias cárceles se cuestiona la estrategia de ETA y, ante la imposibilidad de debatir en las dos únicas cárceles en las que se concentraba el grueso de los presos (Herrera de la Mancha y Alcala Meco), un grupo de quienes criticaban a la cúpula solicitó que se les separara para poder manifestar y evolucionar. El recrudecimiento de la estrategia de ETA llevó al ministerio a alejar y separar al grueso de los presos, “una política que los distintos gobiernos españoles han mantenido como instrumento de lucha contra ETA”.

Egibar ha emplazado a los partidos constitucionalistas a rechazar esta estrategia penitenciaria del pasado y a pedir al Ministerio del Interior a acabar con ella. “Así lo ha pedido este Parlamento, ¿no dan por válida la palabra de esta Cámara?”, les ha preguntado.