Tal y como ha explicado, en diciembre del pasado año, el Gobierno español incluyó en la Ley de Presupuestos Generales una modificación de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Reparación Integral a víctimas del terrorismo para hacer factibles estas denegaciones de indemnización a determinadas víctimas del terrorismo. Y, desde entonces, justifica la denegación en acusaciones contenidas en informes policiales que, en la mayor parte de casos, son conjeturas. “En el ABC de las reglas del Estado de derecho está meridianamente claro que los informes policiales carecen de entidad jurídica, que sus conclusiones o hipótesis no se pueden utilizar como si fueran cosa juzgada”, ha manifestado para recordar que “un procedimiento administrativo no puede determinar delitos ni personas penamente responsables, sino un tribunal de justicia mediante sentencia firme”.

Sin embargo, lamenta que, hoy por hoy, “se están utilizando informes policiales como si fueran cosa juzgada y con entidad jurídica” para discriminar en la concesión de indemnizaciones a determinadas víctimas del terrorismo.

Ante la gravedad de los hechos, el Grupo Parlamentario EAJ-PNV ha presentado una Proposición de Ley en la que expresa su solidaridad, reconocimiento y apoyo a las víctimas a las que el Gobierno viene denegando las indemnizaciones e insta al Ejecutivo de Madrid a corregir este error. Asimismo, el PNV manifiesta su compromiso con los principios de igualdad y no discriminación en el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, y emplaza al Gobierno Vasco a continuar prestando apoyo a estas víctimas y a denunciar a instancias internacionales de derechos humanos ésta y cualquier otra discriminación que detecte en las obligaciones institucionales de trato igualitario a todas las víctimas.