Los parlamentarios jeltzales Norberto Aldaiturriaga y Amaia Arregi han advertido de que “es una mala ley porque no solucionará la problemática de la vivienda”. Han denunciado que EH Bildu, PSE-EE y UPyD “se han preocupado más de aprobar un texto antes de las elecciones que de solucionar realmente el problema de la vivienda en Euskadi”. Desde su punto de vista, estos tres partidos “han carecido de visión estructural” y “lo único que les ha importado es vender humo en vísperas de elecciones”.

Aldaiturriaga y Arregi han detallado algunas de las cuestiones más relevantes sobre las que discrepan. En primer lugar, han asegurado que EAJ-PNV plantea un derecho de acceso a la vivienda más amplio al derecho a la vivienda que se plantea en el documento, ya que los jeltzales no limitan este derecho subjetivo a las personas que ingresan 39.000 euros. Además, han recordado que el derecho a la vivienda ya existe a través de la Prestación Complementaria a la Vivienda, conocida como PCV.

En segundo lugar, frente a la expropiación para viviendas vacías que plantean EH Bildu, PSE-EE y UPyD, los jeltzales defienden medidas de fomento para que los propietarios se animen a sacar sus pisos al mercado. A este respecto, han advertido que los promotores de la Ley de Vivienda no respetan la arquitectura institucional de Euskadi, ya que no han tenido en cuenta las instituciones municipales y forales, y el dictamen de la Ley recoge el canon de vivienda vacía a cobrar por los ayuntamientos, cuya competencia reside en los territorios históricos. 

Por si fuera poco, Aldaiturriaga y Arregi han informado de que no se conoce el impacto económico de la propuesta que han elaborado los grupos de la oposición. Han indicado que existen estimaciones de impacto que rondarían los 715 millones de euros en diez años, “una cifra difícil de asumir”.  Con todo ello, han augurado que la Ley que se apruebe en Pleno “difícilmente será llevada a la práctica tanto por su contenido y la falta de estudios de impacto económico, como por la falta de tiempo material”. “El debate no es si se trata de una ley progresista o conservadora, sino de que es una ley mala e imposible de materializar”, han concluido.