Una delegación vasca, encabezada por la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo Vasco, Monika Hernando, se encuentra esta semana en Colombia para realizar un seguimiento de la situación de aquellas personas que durante el pasado año estuvieron acogidas en Euskadi por ver sus derechos humanos gravemente amenazados en su país de origen. En 2015 fueron tres los activistas que participaron de esta experiencia. La delegación, de la que forman parte los parlamentarios jeltzales Iñigo Iturrate y Leixuri Arrizabalaga, ambos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Vasca, comprobará cómo ha sido el retorno a sus países de estas personas después de permanecer seis meses en Euskadi. La iniciativa forma parte del Programa de Protección Temporal para defensores y defensoras de Derechos Humanos que impulsa el Gobierno Vasco y que permite la acogida de personas vinculadas a organizaciones sociales que son perseguidas y amenazadas en sus países a causa de su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

“Nuestro compromiso con las personas y con los derechos humanos está por encima de todo. Nuestra obligación como representantes políticos es la de reivindicar el respeto a todos los activistas, protegerles y velar porque el trabajo que desarrollan en sus lugares de origen se pueda ejercer con plenas garantías”, ha manifestado Iñigo Iturrate. El parlamentario de EAJ-PNV ha expresado la preocupación ante las amenazas y falta de seguridad que padecen muchas personas defensoras de los derechos humanos. “Mostramos nuestra repulsa y también toda nuestra solidaridad con quienes son injustamente perseguidos tan sólo por el hecho de defender principios básicos como la igualdad o  la diversidad sexual. Personas, movimientos sociales o comunidades que viven situaciones de amenazas, criminalización o estigmatización. Las instituciones vascas trabajamos para lograr que en los países en los que residen, Colombia esta vez, sus representantes refuercen los mecanismos de acompañamiento y protección”.

Durante su estancia en el país, la delegación, integrada por representantes del Gobierno vasco, del Parlamento y de CEAR Euskadi, mantendrá diversos encuentros con organizaciones no gubernamentales e instituciones a fin de comprobar la situación de las personas acogidas a su regreso y los avances que se hayan podido producir en materia de protección de los derechos humanos. La estancia en Colombia se prolongará hasta el 23 de enero.