La necesidad de investigar a los responsables de los crímenes del franquismo y la respuesta que están dando las instituciones españolas ha sido uno de los asuntos debatidos en la sesión plenaria de este jueves en la Cámara Vasca. EAJ-PNV ha expresado su solidaridad con todas las víctimas generadas por el golpe militar y la posterior dictadura franquista. El parlamentario jeltzale Iñigo Iturrate ha denunciado la actitud dilatoria y obstruccionista que el Gobierno de España está manteniendo en la investigación de estos hechos y ha advertido del posible delito de prevaricación en el que puede incurrir el estado al no atender los requerimientos de la jueza argentina que instruye la querella, la jueza María Servini. En marzo de este año, la justicia argentina ordenó el interrogatorio para 19 imputados por diversas actuaciones durante la dictadura franquista, pero el Ministerio de Justicia no ha atendido este exhorto. Esta actitud, ha denunciado el representante de EAJ-PNV, supone un grave incumplimiento del Tratado Bilateral suscrito entre el Reino de España y Argentina, además de la no aplicación de la legislación internacional vigente. Según ha manifestado  Iturrate, “el comportamiento de los poderes públicos españoles no tiene justificación. Debiera haber sido el poder judicial quien investigase los hechos y garantizase los derechos de Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas. Pero no lo ha hecho, y además se niega a atender la petición de la justicia argentina”.

Para EAJ-PNV, la construcción de la paz y la convivencia en Euskadi pasa por recuperar la memoria. “Memoria para no olvidar el trágico pasado y para evitar su repetición. Memoria porque todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. No es tarde para garantizar unos derechos que son universales e imprescriptibles”.

La negativa del Gobierno español a atender las peticiones de la justicia argentina evidencia, a juicio de la formación jeltzale, el interés del PP por acabar con la justicia universal, uno de los mayores errores de la legislatura pasada en clave de derechos fundamentales.

El pleno del Parlamento Vasco ha censurado finalmente la postura del Gobierno Rajoy y le ha instado a respetar la legislación internacional vigente sobre derechos humanos,  así como las recomendaciones de Naciones Unidas en las que se señala que las desapariciones forzadas deben ser investigadas.