La parlamentaria de EAJ-PNV, Amaia Arregi, ha solicitado al Gobierno español que cumpla con el compromiso adquirido en septiembre de 2015 de acoger a más de 17.000 refugiados y refugiadas mediante su reubicación o reasentamiento; un petición que fue trasladada por Amnistía Internacional a todos los grupos con representación parlamentaria en la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

En el pleno que se ha llevado a cabo este jueves en el Parlamento Vasco, se ha debatido una Proposición No de Ley de Elkarrekin Podemos relativa a la propuesta de CEAR Euskadi para garantizar los derechos de las personas refugiadas, apoyada también por EH Bildu. Arregi se ha manifestado a favor de la propuesta de CEAR, y ha considerado fundamental que todas las personas refugiadas que llegan a Euskadi puedan acceder a los derechos, servicios y recursos públicos; “siempre y cuando cumplan con las condiciones que recoge el estatus de refugiado o refugiada. Es imprescindible cumplir con la ley vigente”, ha subrayado.

La representante jeltzale, además, ha denunciado que tras más de un año, el compromiso adquirido por el Gobierno español se encuentra muy alejado de dicho objetivo. “Es muy triste tener a miles de personas, entre ellas cantidad de niños y niñas que han huido de sus países por situaciones de guerra y conflicto, esperando en las fronteras de la Unión Europea una nueva oportunidad y una vida mejor, lejos de la barbarie que han venido padeciendo. ¿Cómo se les puede explicar que todavía no ha acabado su pesadilla? ¿Qué tienen que seguir sufriendo por la incapacidad de Europa de dar una respuesta ágil, eficaz y conjunta a esta situación de verdadera emergencia. ¡Es inconcebible!”, ha apuntado.

En ese sentido, Arregi ha destacado que las personas deben de ser el centro de la acción de las políticas de un gobierno, independientemente de su origen y la vía de entrada. Por ello, en este apartado ha tomado en consideración la petición trasladada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para establecer criterios de acceso a las prestaciones sociales que faciliten su obtención y la no suspensión de los mismos. “Esta petición va encaminada a facilitar la burocracia en el papeleo necesario para acceder a las ayudas y prestaciones, ante las dificultades objetivas para poder obtener cierta documentación requerida en la normativa en vigor. Creo que podría ser una de las cuestiones a tener en cuenta cuando abordemos el examen de la normativa de servicios sociales en su conjunto”, ha dicho.

La Cámara vasca también ha aprobado solicitar al ejecutivo de Vitoria-Gasteiz promover la convivencia intercultural y fomentar una acogida integral que favorezca una integración real y una convivencia pacífica, “favoreciendo ciudades y pueblos de refugio de verdad”; al mismo tiempo, el Parlamento Vasco se ha posicionado en contra del acuerdo Unión Europea-Turquía y ha pedido al Gobierno español que retire su apoyo al mismo.

Por otro lado se solicita al ejecutivo de Mariano Rajoy que facilite el acceso a las fronteras y cumpla con los compromisos asumidos en Europa respecto a las personas refugiadas. “Teniendo en cuenta que la competencia en asuntos de extranjería e inmigración depende del gobierno del estado, le pedimos que cumpla con los tratados internacionales sobre derechos humanos, facilitando que las personas refugiadas adquieran los derechos que les corresponden precisamente por su condición de refugiadas”, ha explicado Arregi.

En esa misma resolución, se exige al Gobierno español  que apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo, pendiente desde hace siete años, en cumplimiento de la normativa europea. “El reglamento de desarrollo de la ley de asilo lleva pendiente de aprobación desde hace siete años; y además, es necesario transponer directrices europeas sobre acogida, requisitos y procedimiento a la ley de asilo estatal. Creemos que no se debe esperar más para proceder a dicho desarrollo normativo”, ha especificado la representante jeltzale.

Finalmente, la Cámara vasca ha considerado necesaria la reanudación de la actividad del intergrupo parlamentario por la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas puesta en marcha la pasada legislatura.