La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de conceder su visto bueno para que la central nuclear de Garoña opere durante 16 años más es para EAJ-PNV una grave y pésima noticia que va en contra de la voluntad mayoritaria y reiteradamente expresada por las y los vascos y sus instituciones. “El posicionamiento del CSN es un ataque directo a Álava y una amenaza inasumible para la seguridad de sus habitantes”. El parlamentario de EAJ-PNV, Juan Carlos Ramírez-Escudero, ha asegurado que la decisión, aunque esperada por la parcialidad de este organismo, implica un grave riesgo para la población que vive en Álava. “Garoña está parada desde hace cuatro años por decisión de sus propietarios, Iberdrola y Endesa. Ahora el Consejo de Seguridad Nuclear les abre la puerta para poder seguir operando otros 16 años más, cuando la planta burgalesa ha superado y con creces sus 40 años de vida útil. Nuestra postura es muy clara al respecto. Exigimos el cierre inmediato y sin condiciones de Garoña y reclamamos que se nos tenga en cuenta, que se nos escuche y que se vele por los intereses de todos cuantos vivimos a su alrededor”.

Con este informe favorable a la reapertura de la Central, la decisión pasa ahora al Gobierno del PP y a las propietarias que deberán decidir si realizan las fuertes inversiones de seguridad requeridas. Ramirez-Escudero ha pedido al Gobierno del PP que tenga en cuenta el posicionamiento contrario a la reapertura de las instituciones vascas y de su ciudadanía.

“Pedimos que se actúe desde la responsabilidad y que se piense en clave de seguridad. Garoña es una central vieja, de primera generación, peligrosa y completamente innecesaria. La amenaza de un accidente nuclear existe, sus costes son dramáticos, y nadie querrá vivir lo sucedido en Fukushima, una central con la misma tecnología y el mismo reactor que la planta burgalesa. Garoña está ya amortizada”. EAJ-PNV confía en que las empresas, que son las que en última instancia decidirán el futuro de la central,  aleguen problemas de viabilidad económica para decretar su cierre. Podría darse el caso, ha añadido Ramírez-Escudero, de que las inversiones que se les exigen en seguridad sean tan elevadas que no puedan compensarse con otros 16 años de explotación.