Representantes de todos los grupos de la Cámara de Gasteiz han acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para presentar en el registro la proposición de ley que reclama al Estado la articulación de un fondo para compensar a todas aquellas personas que a lo largo de su vida laboral han estado en contacto con el amianto; una sustancia altamente tóxica cuyos síntomas pueden tardar hasta 50 años en manifestarse. Jon Aiartza, parlamentario jeltzale que este miércoles ha viajado a Madrid, ha denunciado el injustificado retraso que lleva el Estado en la constitución de este fondo. “Desde hace 14 años esta sustancia está prohibida, pero han sido miles los trabajadores que durante décadas han estado expuestos al amianto. Ha llegado el momento de saldar la deuda y corregir esta injusticia”. Aiartza ha reclamado a Madrid que destine recursos propios “a un colectivo inocente que además de pagar con su salud, sufre un auténtico calvario en los tribunales”. 

El representante jeltzale confía en que “esta vez sí”, el Gobierno español dé trámite a la proposición de ley que por unanimidad se aprobó en el Parlamento Vasco el pasado 9 de febrero. Aiartza ha recordado que no es éste el primer intento que realiza el legislativo vasco para que Madrid active este fondo. “En mayo del pasado año aprobamos una iniciativa muy similar, pero la Mesa del Congreso rechazó su tramitación alegando que su aceptación implicaba la modificación del capítulo de gastos presupuestarios. Ahora hemos corregido el texto para evitar este veto”.

La propuesta legislativa que los parlamentarios vascos han depositado en el registro de la Cámara Baja tiene como modelo las políticas compensatorias desarrolladas en Francia en esta materia.  “Una redacción completa y detallada con la que queremos evitar que las víctimas del amianto y sus familias sufran un doble castigo. Vamos tarde en comparación con lo hecho ya en países de nuestro entorno, pero no podemos permitirnos  más retrasos. Si en Euskadi hemos logrado un acuerdo unánime, pensamos que en Madrid también debe de ser posible. Tenemos una deuda con las víctimas del amianto y aunque tarde, este es el momento de saldarla. Vamos a Madrid a pedir a las Cortes Generales que aprueben esta iniciativa. Sólo así podremos hacer justicia”.