Los portavoces del Grupo Parlamentario Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak Joseba Egibar y del Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak José Antonio Pastor han registrado esta mañana la proposición de ley de Transparencia y Participación ciudadana. Una norma en cuya redacción se ha tomado como referencia el proyecto de ley que el Gobierno Vasco tramitó en la Cámara durante la pasada legislatura, pero que decayó al término de la misma.

Pese a que la elaboración de esta ley está recogida como compromiso en el calendario legislativo del Ejecutivo para su remisión al Parlamento en el primer cuatrimestre de 2018, ambos grupos han considerado que se podía agilizar la tramitación teniendo en cuenta las aportaciones que los grupos hicieron ya la pasada legislatura. Las administraciones, han destacado sus firmantes, “están obligadas a reforzar el principio de transparencia con la ciudadanía y esta ley incidirá en ello, mejorando las demandas de acceso a la información y garantizando el derecho a saber de las personas y el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos”.

Euskadi, han recordado, es la comunidad autónoma más transparente, según el informe de Transparencia Internacional España. “Estamos en lo más alto de la clasificación, con la máxima puntuación posible, y queremos ahora situarnos a la altura de las administraciones europeas, que ya cuentan con normativa propia en este campo”. Ahora se incorpora el principio de “publicidad activa”, que supone la obligación de los sujetos concernidos por esta Ley de hacer pública, por propia iniciativa de manera periódica y actualizada, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.

Así, la proposición de ley incorpora un mayor nivel de exigencia en transparencia del Gobierno,  extendiendo la obligación de publicación al programa de gobierno, el calendario legislativo, como sus modificaciones y evaluaciones, la actividad de sus órganos consultivos y de participación, los planes de recursos humanos, los procesos selectivos o el gasto público en campañas publicitarias entre otros. “Debemos incorporar todos aquellos instrumentos que faciliten a la ciudadanía el acceso a la información que generan las administraciones públicas en Euskadi, así como su participación en el diseño y la toma de decisiones en asuntos que resulten de su interés”.

La norma afectará a los tres niveles institucionales así como a todos los entes que de ellos dependen y será clave “para afrontar la modernización de las administraciones públicas y para que éstas ofrezcan un servicio público de calidad y capaz de responder de manera eficaz a las necesidades de la ciudadanía”. Se asienta sobre los nuevos principios de la gobernanza que deben regir la Administración del siglo XXI: transparencia, participación y colaboración ciudadana en asuntos públicos.

Registro de grupos de interés

Pero la proposición extiende su alcance a todas las instancias que interactúan con las administraciones públicas, como son los centros educativos y de salud concertados, o entes privados que reciben más de un 40% de su financiación desde el erario público. Igualmente se prevé la publicación de todas las subvenciones que se otorguen, también las de  los grupos de interés, que deberán estar inscritos en un “Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos de la Comunidad Autónoma de Euskadi”

Para el cumplimiento de la Ley y las garantías de los derechos ciudadanos se refuerza la actual Agencia de Protección de Datos, que pasa a ser también de Transparencia, y que será la competente para aplicar un régimen sancionador especialmente exigente ante los incumplimientos en los que pudieran incurrir las administraciones públicas.

En cuanto al derecho de participación ciudadana, la principal novedad es la previsión de la Iniciativa Reglamentaria Popular, que se suma a la posibilidad ya contemplada de que los ciudadanos y ciudadanas puedan impulsar leyes. Ahora, además, se garantiza la participación en la elaboración de los reglamentos y decretos que desarrolle el Ejecutivo.

Egibar y Pastor consideran que se trata de un texto “ambicioso” y han pedido a los grupos parlamentarios que realicen un esfuerzo “para que la ley pueda ser aprobada a la mayor brevedad posible”, máxime teniendo en cuenta que el texto incorpora ya  muchas de las enmiendas que fueron presentadas en la legislatura pasada.