Los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak y Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak han registrado esta mañana en el Parlamento Vasco la proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Una norma basada en el documento de medidas que la consejera Beatriz Artolazabal presentó en el Parlamento en mayo de 2017 y que tiene en cuenta las aportaciones realizadas por  cerca de una veintena de entidades del tercer sector  en los últimos seis meses en el Parlamento.

Pese a que el Gobierno tenía previsto en su calendario legislativo remitir esa reforma a finales de 2018, ambos grupos consideran fundamental darle una tramitación más ágil, atendiendo además la voluntad compartida por el resto de los grupos de la Cámara, según explican las parlamentarias Amaia Arregi y Gloria Sánchez

El objetivo fundamental de esta proposición de ley es mejorar el sistema de RGI, corrigiendo algunas de las disfunciones observadas en la Ley 18/2008 y adaptando el diseño al actual contexto socioeconómico. “Buscamos preservar, mejorar y hacer sostenible un modelo de prestaciones que nos ha colocado en la vanguardia de las políticas sociales. Disponemos de un instrumento que ha evitado que más de 132.000 personas sufran cada año situaciones de pobreza y accedan convenientemente formadas a un puesto de trabajo. Creemos en su valía y en los principios de solidaridad, justicia y cohesión social que la inspiraron y ahora, transcurridos 10 años desde su aprobación, nos toca reforzarla y perfeccionarla”.

Para conseguirlo ambos grupos esperan contar con todos los grupos de la oposición  y confían en la “responsabilidad, el rigor y la seriedad de todos ellos para  acordar, negociar y cerrar la mejor reforma”. “Nuestra disposición es sincera y creemos que podremos llegar a un buen acuerdo, porque hay algo sólido que nos une”, coinciden en señalar ambas parlamentarias.

Arregi y Sánchez han destacado el doble derecho del actual modelo de garantía de ingresos e inclusión social,  que “reconoce tanto el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida como el derecho a recibir apoyos personalizados para la activación laboral y social”. En este sentido, la reforma propuesta tiene específicamente en cuenta la Recomendación de la Unión Europea de abril de 2017, sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece que “toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínimas adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que puedan trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)inetgración en el mercado laboral”.

Menores, pensionistas, personas refugiadas

Tal y como se recoge en la exposición de motivos, esta actualización se hacía necesaria ante el aumento del desempleo, el crecimiento en el número de los parados de larga duración, la falta de recursos personales de las personas migrantes, o la situación de las personas pensionistas con escasos recursos económicos

El incremento de la demanda y la aparición de nuevas realidades no contempladas hasta ahora hacían necesaria una normativa más flexible. Una de las novedades es la redefinición de las unidades convivenciales, concepto que amplía el de familias, y contempla nuevas realidades, como son personas que comparten vivienda sin relación familiar entre ellas.

En relación a las cuantías, se cambia la referencia al establecerse un indicador de gastos mínimos comunes en cada unidad de convivencia al que se van añadiendo complementos que son mayores cuando en la misma unidad convivencial hay menores en riesgo de exclusión, cuando se trata de familias monoparentales, en caso de discapacidad o cuando haya víctimas de maltrato en el ámbito familiar.

Junto a la Renta de Garantía de Ingresos, se crea la Renta Garantizada para Pensionistas dirigida a las personas integradas en un núcleo pensionista que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus necesidades básicas. Y se incluye la previsión del derecho para personas refugiadas, con circunstancias excepcionales a la hora de cumplir determinados requisitos que son asumidos en esta proposición de ley, ya que se les excepciona del requisito de empadronamiento.

REFUERZO DE LA INCLUSIÓN Y EFICACIA DE GESTIÓN

El texto plantea también un reforzamiento de la labor de inclusión, un compromiso que adquieren todas las personas integrantes de la unidad de convivencia o núcleo de pensionista. Este sistema resulta más beneficioso ya que, en caso de que se incurra en un incumplimiento, la unidad o núcleo no se verá necesariamente privada de la cuantía íntegra que le sirve de sustento básico, sino que dicha cuantía podrá verse afectada en función del incumplimiento cometido.

Las adaptaciones también tienen que ver con la incorporación de nuevos derechos, como el que garantiza la Ley de Vivienda, que obliga a que se elimine la prestación complementaria del sistema de garantía ingresos porque se debe regular a través del decreto del derecho subjetivo que se aprobará en breve.

A todo ello se suman previsiones para mejorar la eficacia de las prestaciones, otro de los objetivos demandados tanto por los perceptores como por el conjunto de la ciudadanía a través de una simplificación de los procedimientos de tramitación y gestión. En este sentido, se busca que los perceptores no se vean perjudicados en caso de que se generaran cantidades indebidamente percibidas