Sala de Prensa

15/11/2018

Iñigo Iturrate: “Hoy reabrimos el camino a las víctimas para avanzar en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”

El pleno del Parlamento Vasco acepta la tramitación de la reforma legal impulsada por jeltzales y socialistas para reparar a las víctimas de la violencia policial. Una ley necesaria e inaplazable para que estas víctimas y sus familias recuperen la dignidad perdida. “Las instituciones vascas respondemos ante la inacción del Estado con las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos”, ha dicho Iturrate

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La Proposición de Ley para la reforma de la Ley vasca de abusos policiales,  impulsada por jeltzales y socialistas,  ha avanzado hoy en su tramitación al ser admitida para su debate y posterior votación por el Pleno de la Cámara vasca. Elkarrekin Podemos ha apoyado la iniciativa, mientras que EH Bildu se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

La reforma del texto legal busca dar protección, reparación y reconocimiento a todas aquellas víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999; víctimas que hasta ahora están fuera de los ámbitos de cobertura de las actuales normativas y que por lo tanto, sufren una injusticia que se hace obligada corregir. Así lo ha expresado en la defensa de esta  reforma el parlamentario Iñigo Iturrate, que ha asegurado que con esta Proposición de Ley  “se da cumplimiento a un mandato del Derecho interno del Estado  y del Derecho internacional de los derechos humanos: el reconocimiento y protección de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”.

Iturrate ha cuestionado la pasividad y la inacción reiterada del Estado con las víctimas de abusos policiales o parapoliciales, y ha destacado el papel que en este ámbito están desarrollando las instituciones vascas para devolver la dignidad a este colectivo. “La reparación y compensación a las víctimas es un cometido propio de todos los poderes públicos al que el Estado hace caso omiso de manera reiterada y escandalosa. Las instituciones vascas respondemos dando una solución asistencial y administrativa a estas personas”. Así, y ante las injustas acusaciones de suplantar la labor de jueces y tribunales lanzadas desde algunos ámbitos, el representante de EAJ-PNV  ha querido dejar muy claro que la norma no invade competencias propias del poder judicial. No lo hacía en origen, ha manifestado, y no lo hace con los cambios que se van a introducir en el articulado y con los que se pretende blindar la seguridad jurídica de la ley manteniendo su esencia: la reparación del daño causado. “Lo que hoy aquí debatimos busca reforzar las garantías jurídicas y constitucionales que ya estaban presentes en el texto original de la ley y que ahora ratificamos definitivamente. No se invaden competencias reservadas al poder judicial y se salvaguarda el derecho al honor, la intimidad y la protección de datos de terceras personas. Esto no tiene nada que ver con la depuración de responsabilidades penales ni con el esclarecimiento de los hechos”, ha asegurado. “Lo importante son las víctimas, y nuestro compromiso con ellas no se ve mermado con esta nueva redacción que solo busca blindar la ley, protegerla y apuntar su carácter asistencial”.

Las modificaciones puntuales que esta reforma recoge son aquellas que los Gobiernos vasco y español firmaron en el mes de julio y que sirvieron para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retirara el recurso de inconstitucionalidad que contra esta normativa había presentado el Gabinete de Mariano Rajoy. Son cambios que afectan a cuatro artículos de la Ley y a la disposición adicional sexta que se suprime y que en ningún caso, ha reiterado Iturrate, alteran ni el contenido y ni el objeto de la norma, manteniendo firme el compromiso con las víctimas de conculcaciones de derechos humanos. “Hoy un número importante de víctimas ven reabierto un camino. Son víctimas de violaciones de derechos humanos por abusos policiales o parapoliciales entre 1960 y 1999. Hoy les reabrimos el camino para avanzar en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos y saben que no es el final del camino. Sabemos y saben que es un paso más en un camino necesario e inaplazable. Un camino  que será gradual, o no será.  Un camino que reiniciamos con la misma convicción y más garantías”.

Iturrate ha censurado la negativa del PP a apoyar esta Proposición de Ley y le ha acusado de no estar comprometido con la defensa de los derechos de este colectivo. “Es un problema de falta de voluntad política, de falta de compromiso con unas víctimas que existen y tienen, como el resto de víctimas, sus derechos. Tenemos un mandado legal y moral con estas personas y ustedes renuncian a su cumplimiento”, ha concluido.

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