Los grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak y Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak han mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos- IU para apoyar la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. El texto, aprobado el pasado mes de mayo por el Consejo del Gobierno Vasco, incorpora una gestión más ágil de las ayudas, amplía las coberturas y aumenta las cuantías, además de mejorar los mecanismos de inclusión social y laboral de la ciudadanía vasca.

Los portavoces nacionalista y socialista en la Comisión de Empleo y Trabajo, Jon Aiartza y Ekain Rico, se han felicitado por un acuerdo que amplía el consenso político en torno a un proyecto de ley que cuenta también con “un importante respaldo de los agentes sociales”. En este sentido, han recordado que el texto asume numerosas aportaciones de colectivos del ámbito social y laboral, recogidas durante la preparación de la normativa por el departamento de Trabajo y Empleo que dirige la vicelehendakari, Idoia Mendia. El objetivo último de todo este proceso es, han destacado, sacar adelante una norma que contribuirá a “seguir construyendo un País en el que más personas vulnerables no sólo estén más protegidas, sino que cuenten con más oportunidades para salir de su situación”.

El acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU es fruto de los contactos que los grupos parlamentarios de EAJ-PNV y PSE-EE y el Departamento de Trabajo y Empleo han venido manteniendo con las formaciones políticas que han mostrado su disponibilidad para explorar vías de acuerdo que profundicen en la línea modernizadora y garantista planteada en el proyecto.

En este sentido, el acuerdo avanza en las directrices de la Carta Social Europea en orden a garantizar la cobertura de las situaciones de vulnerabilidad desde los 18 años, siempre que se acredite un proyecto de vida independiente. Otra novedad es la reducción de los periodos de empadronamiento para situaciones de especial desamparo, como familias con menores a su cargo o personas con discapacidad o con declaración de dependencia.

En relación a las cuantías, se garantizará que la renta máxima que corresponda a una persona beneficiaria individual no sea inferior a la tasa del riesgo de pobreza, es decir al 60% de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado. De esta manera, la Ley asegurará la adecuación de la prestación a los estándares europeos, fijando un límite infranqueable y consolidando la RGI como una sólida red de seguridad.

El texto legal incorporará por otra parte los principios que han de informar la medida de suspensión cautelar de las ayudas, al objeto de evitar suspensiones automáticas que puedan causar a las personas beneficiarias perjuicios de difícil o imposible reparación, y en materia de inspección, prevé un mecanismo garantista al delimitar las facultades de acceso al domicilio.

Por último, establece previsiones destinadas a garantizar al personal de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, una adecuada formación, que abarcará el procedimiento administrativo, normativa y planes de Igualdad, gestión de la diversidad y lucha contra la discriminación. También se promoverán cursos de especialización para el desarrollo de políticas de empleo.

Con el acuerdo cerrado con la formación morada, la Ley se garantiza ya un amplio respaldo de al menos 47 de los 75 parlamentarios; un amplio consenso que las tres formaciones firmantes no descartan que pueda ampliarse como consecuencia del diálogo que sigue abierto con otras formaciones en el proceso de tramitación parlamentaria de la norma.  En este sentido, han apelado al resto de grupos de la oposición a respaldar una Ley que contribuirá a consolidar una “sociedad más justa y cohesionada”.