Las administraciones públicas vascas contarán en breve con una norma propia que sustituirá a la que está hasta ahora en vigor y que data de 1989. La Ley del Empleo Público Vasco ha sido hoy refrendada por el Pleno del Parlamento Vasco, en una votación que ha contado con el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Definida por la jeltzale Estibaliz Larrauri como la columna vertebral del empleo público, este nuevo texto legal organizará y regulará la actividad de más de 100.000 empleados y empleadas que trabajan en las administraciones de Euskadi. Regulará todos los aspectos relacionados con el desarrollo profesional e incorporará instrumentos de profesionalización en aras a conseguir una administración ágil, moderna y eficaz. “Las administraciones están al servicio de la ciudadanía, están para responder a sus necesidades y para hacerlo de la forma más eficaz, ágil y moderna posible. Queremos así, una Administración cercana, digital, transparente y que potencie los valores de lo público. Una Administración para este nuevo tiempo; una Administración con un nuevo modelo de empleo público bajo un marco propio, que es el que esta ley nos va a dar”, ha dicho en su defensa la parlamentaria de EAJ-PNV. 

Tras poner en valor la capacidad de trabajo y la alta cualificación de los y las trabajadoras públicas, pilar fundamental para que esta ley sea exitosa, Larrauri ha detallado los principios sobre los que esta norma se asienta, y que no son otros que la igualdad de género, la atención a la diversidad y la normalización lingüística. Así, se recogen medidas de acción positiva para evitar la discriminación de la mujer y facilitar el acceso al empleo de las personas con alguna discapacidad, y se ratifica el derecho de la ciudadanía a poder ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Además, se abre la puerta a que las personas extracomunitarias puedan ser contratadas en régimen de personal funcionario o estatutario, siendo un desarrollo normativo posterior, ha advertido Larrauri, el que permitirá esta posibilidad. “La nacionalidad es un requisito de acceso que exige la normativa básica del estado, si bien permite que por ley se exceptúe para ciertos supuestos y en determinadas condiciones. Pero serán futuros proyectos normativos los que regulen este asunto en base al artículo 72.5 de esta ley. Es una cuestión exclusivamente jurídica pese a las lecturas interesadas que algunos grupos están realizando”, ha manifestado.

La parlamentaria jeltzale ha agradecido al grupo popular su disposición al acuerdo y ha criticado las “posiciones maximalistas” de EH Bildu y Podemos, que han rechazado la ley; y ello, ha argumentado, pese a que varias de sus enmiendas han sido admitidas. “Estamos ante un momento histórico porque 33 años después tendremos una nueva norma para consolidar un marco y un modelo propio de empleo público. Momento histórico sí, pese al no de algunos grupos”, ha concluido.