La Lay vasca contra el Dopaje en el Deporte se aprobó hace ahora una década y desde entonces, se han producido cambios internacionales que obligan a esta norma a actualizarse y adaptarse para garantizar que las legislaciones antidopaje son iguales para todos los deportes y en todos los países. Así, la modificación que hoy se ha aprobado, con la unanimidad de todos los grupos, permitirá incorporar los criterios asumidos en el Código Mundial contra el Dopaje aprobado en la V Conferencia Mundial Antidopaje celebrada en Polonia en 2017 y que entró en vigor en 2021.

En la defensa de esta Ley, la parlamentara Rakel Molina ha asegurado que estos cambios posibilitarán que Euskadi siga siendo una País referente en la lucha contra el dopaje y en garantizar la salud de las personas deportistas. “Nuestro país debe estar a la vanguardia en esa lucha. Por ello, desde nuestro grupo, consideramos que la adecuación de esta ley a criterios internacionales es un gran paso adelante para reafirmarnos en nuestro compromiso de tolerancia cero contra el dopaje”. Si bien era una adaptación obligada, ha puntualizado, era también necesaria para combatir mejor las prácticas fraudulentas, preservar los valores deportivos y favorecer la igualdad de oportunidades entre quienes compiten. “Con una legislación continuamente actualizada, desde la colaboración entre las instituciones y los agentes implicados y con herramientas fuertes como nuestra Agencia Vasca Antidopaje conseguiremos que el esfuerzo, la superación y la deportividad sigan siendo la bandera de nuestro deporte”.

La modificación también incluye una clasificación de los y las deportistas, conforme a su nivel deportivo, internacional o no, y a su condición, federado o federada o no. A su vez, establece las obligaciones exigibles a cada deportista dependiendo de su tipología y prevé un endurecimiento de las sanciones.

LEY TRANSPORTE POR CABLE

En la misma sesión plenaria, se ha dado luz verde a la Ley del Transporte por Cable, que afecta fundamentalmente a los funiculares existentes y a los ascensores de servicio público explotados en régimen de concesión administrativa. El objetivo, en palabras del jeltzale Mikel Arruabarrena, será el de garantizar la seguridad y la accesibilidad de estas instalaciones y proteger los derechos de las personas usuarias.