EAJ-PNV ha vuelto a realizar esta mañana en el Parlamento Vasco una firme defensa del euskera frente a la presión que está padeciendo la lengua en las últimas semanas. El parlamentario jeltzale Aitor Urrutia ha sido muy claro: “las últimas sentencias representan un ataque al autogobierno y a los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun. Además, estamos muy preocupados por la situación, que no se limita a las resoluciones judiciales. Hay que sumarles otras circunstancias que se han producido en los últimos tiempos como el boicot sufrido por el Lehendakari en el Foro de Empresas Familiares o las declaraciones del expresidente del TSJPV…”, ha enumerado.

El grupo parlamentario de EAJ-PNV, en la sesión celebrada esta mañana en la Cámara de Gasteiz, ha refrendado su compromiso y su defensa con la Ley de Instituciones Locales aprobada en 2016 – con un amplio consenso político- y con la competencia y la capacidad de las instituciones locales para ordenar su actividad. Al mismo tiempo, ha solicitado al Gobierno Vasco a seguir defendiendo el Decreto 179/2019, la legalidad de los artículos anulados y “utilizando para ello todos los medios jurídicos de que dispone y todas las posibilidades que ofrece el ámbito de la justicia”.

Y es que Urrutia ha defendido que “utilizar las herramientas que ofrece el Estado de Derecho no es poner en tela de juicio a la Justicia. Respetamos al poder Judicial, pero la libertad de expresión nos da derecho a manifestar nuestro desacuerdo con sus decisiones”, ha explicado. El parlamentario también ha explicado que las sentencias “están basadas en prejuicios de carácter político”.

EAJ-PNV ha calificado los ataques al euskera “como ataques al autogobierno” y ha mostrado su compromiso de defenderlo “cada día y en cualquier foro”. Aitor Urrutia también ha aprovechado el debate parlamentario para mostrar su preocupación por la judicialización de la política. “No nos gusta. Esta Cámara es el lugar en el que debemos debatir y acordar las Leyes”.

El parlamentario jeltzale, de la misma forma, ha recordado que los derechos lingüísticos de la ciudadanía son la base sobre la que se han fundamentado las políticas lingüísticas durante los últimos 40 años y que “garantizarlos es obligación de la Administración”. También ha apostado por seguir promoviendo el consenso social en torno al idioma.