El Parlamento Vasco ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley para modificar la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de reforzar la protección de las personas menores en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil y aumentar los mecanismos de control administrativo. La iniciativa, impulsada por EAJ-PNV y PSE-EE, inicia así su tramitación parlamentaria con el objetivo de que pueda entrar en vigor este verano.

Jeltzales y socialistas han afeado durante el Pleno que Bildu haya intentado entorpecer y retrasar este cambio de normativa, vetando que se tramitase por lectura única y poniendo en riesgo su entrada en vigor para la temporada estival. “Cuando lo que está en juego es la protección de las personas menores, no hay tiempo que perder. ¿Por qué le han puesto trabas a que esta Ley esté en marcha cuanto antes?”, ha criticado el parlamentario de EAJ-PNV Ander Añibarro.

Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha hecho hincapié en la necesidad de la reforma “para garantizar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes”. “Para que las familias sepan que, cuando dejan a  sus hijos en una actividad de ocio educativo estarán cuidados y protegidas. Y que la administración estará controlando y haciendo cumplir todas las exigencias”.

Entre las principales medidas del texto legal modificado destaca la obligación de presentar una declaración responsable antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno Vasco o ante la Diputación Foral correspondiente al Territorio Histórico en el que se vaya a realizar la actividad. Asimismo, la reforma refuerza las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores.

La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios.

La reforma endurece también el régimen sancionador e incorpora nuevas infracciones graves y muy graves. Se castigará carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia…