El Grupo Parlamentario Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak ha votado en contra de la Proposición de Ley de Vivienda promovida por los grupos de la oposición, al considerarla “una mala ley que no responde ni soluciona los problemas reales de vivienda de Euskadi”. Además, el parlamentario jeltzale Norberto Aldaiturriaga ha advertido de que el texto aprobado no cuantifica las consecuencias jurídicas ni económicas que se derivarán de la misma, lo que generará una mayor incertidumbre.

Tal y como ha recordado, la iniciativa legislativa aprobada hoy en la Cámara vasca tiene su origen en el Proyecto de Ley de Vivienda que elaboró el anterior ejecutivo y que no se llegó a tramitar por el adelanto electoral.  Tras ser investido, el consejero jeltzale de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, se comprometió a impulsar un proyecto de Ley de Vivienda, pero en el plazo de tres meses, el PSE-EE presentó la Proposición de Ley de Vivienda con el objetivo de finalizar la tramitación del texto que no pudo aprobar cuando estaba al frente del Gobierno Vasco.

Tras largos meses de trabajo en el seno de la Ponencia, en los que el Grupo Parlamentario de EAJ-PNV ha tratado de mejorar sustancialmente el texto con actitud constructiva y presentando 216 enmiendas, los parlamentarios EAJ-PNV han votado hoy en contra de la iniciativa promovida por la oposición.

Aldaiturriaga ha argumentado que el texto aprobado hoy no aborda la política de vivienda de manera integrada y global, y se centra, de manera exclusiva, en la función social de la vivienda, obviando otros ámbitos, como la correcta utilización del suelo para alcanzar los objetivos de la función social de la vivienda, las condiciones constructivas básicas o la protección de los consumidores desde una esfera más privada.

En cuanto al contenido de la Proposición de Ley, ha destacado algunas novedades como el derecho subjetivo a la vivienda, que se establece a favor de quienes no disponiendo de vivienda digna ni recursos para conseguirlo pueden recurrir a la vía judicial para hacer efectivo ese derecho. “EAJ-PNV ni el Gobierno Vasco se oponen a este extremo porque el derecho subjetivo a la vivienda ya existe a través de la Prestación Complementaria de Vivienda que reciben los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos”, ha matizado, para especificar que actualmente 29.000 personas se benefician de este ayuda.

El parlamentario jeltzale ha criticado la redacción de la Proposición de la Ley de Vivienda, al considerar que “no sirve al objeto social que se le supone, y es un texto demagógico e incoherente con el resto del sistema de protección social de Euskadi”. “Es demagógica porque no está acompañada de un mínimo estudio que revele cuánto puede llegar a costar su aplicación ni cuál será su impacto presupuestario. Además, hace creer a la ciudadanía que toda persona podrá demandar una vivienda, como si los recursos fueran ilimitados”, ha argumentado.

Otro de los motivos por lo que EAJ-PNV se ha opuesto a la iniciativa es porque en la tramitación parlamentaria se han introducido novedades que generan indefinición e inseguridad jurídica. Ha puesto el ejemplo del Organismo Autónomo que aglutina a empresas públicas y organismos existentes en materia de vivienda. Ha indicado que la redacción del texto no permite saber con certeza si se ciñe exclusivamente a Euskadi o afecta a otras administraciones.

Algo similar sucede cuando la iniciativa especifica que el 80% de los recursos en materia de vivienda se destinará a políticas de alquiler, un porcentaje que en cinco años deberá ser del 100%, “ya que no aclara si se refiere a los recursos para promoción de vivienda o al conjunto del presupuesto del programa de vivienda”. En este punto, ha apostillado que el 60% del presupuesto de la Viceconsejería de Vivienda está dirigido al fomento del alquiler.

Aldaiturriaga también se ha referido a la expropiación temporal del uso de la vivienda que se contempla en la Proposición de Ley. Como ha indicado, ésta pasa de ser una medida dirigida exclusivamente a dar una respuesta ante las ejecuciones hipotecarias a dirigirse también de una manera desproporcionada a particulares que alquilen su vivienda y se vean ante una situación de impago por parte del inquilino.

El parlamentario jeltzale ha advertido de que el texto aprobado hoy puede ser contrario a la normativa básica estatal ya aprobada. Como ha explicado, el séptimo capítulo de la Ley regula la intervención en la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales, cuando esta regulación se encuentra desfasada al haber sido redactada con anterioridad a la aprobación de la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

“Por todas estas razones, creemos que no se ha conseguido un buen producto legislativo. No cumple con el fin último de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. El texto aprobado no es que sea progresista o retrógrado, es que es malo. No aparece como un todo coherente, sino como un producto confusamente ensamblado”, ha concluido.