El Congreso de los Diputados ha tomado en consideración este martes la Proposición de Ley que por unanimidad se aprobó en el Parlamento Vasco en 2019, y por la cual se reclama al Estado la articulación de un fondo de compensación para las y los trabajadores que durante su vida laboral han estado en contacto con el amianto; una sustancia altamente tóxica cuyos síntomas pueden tardar hasta más de 50 años en manifestarse.

La aceptación de la tramitación de esta iniciativa legislativa es un paso importante, ha dicho la parlamentaria Maitane Ipiñazar, “pero no es el más importante”, ya que éste no llegará hasta que la ley sea finalmente aprobada y todas las personas afectadas pueda verse “recompensadas y reconfortadas”. De ahí, la petición a los grupos para que agilicen los trabajos y aprovechen la labor ya desarrollada en legislaturas anteriores. “Hablamos de un asunto grave de salud que requiere de una respuesta urgente. Por eso, esperamos que más allá de la toma en consideración, esta iniciativa pueda tener éxito, y eso, señorías, estará en sus manos. En lo diligentes que sean para aprovechar el camino ya recorrido y avanzar sin pausa, porque esta deuda la tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, y con muchas víctimas que se han quedado en el camino. No vayamos otra vez tarde y mal. Se lo debemos. Es de justicia”, ha reivindicado desde la tribuna del plenario.

En la actualidad, las víctimas expuestas al amianto no reciben por parte de la administración ni compensación, ni reconocimiento, ni respuesta. Son víctimas que, en la mayoría de los casos, para poder acceder a algún tipo de indemnización deben iniciar un largo proceso judicial que en muchas ocasiones ni siquiera pueden ver finalizado porque fallecen antes. En este sentido, ha añadido Ipiñazar, la constitución de este fondo es un imperativo para el Parlamento Vasco y debería serlo también para el Congreso. “Es urgente crear un fondo y dotarlo de recursos suficientes para acabar, o al menos paliar, el sufrimiento de todas estas personas. Es una reivindicación histórica, una deuda que tiene este Estado y que ayudará a víctimas y familiares a no tener que luchar en los juzgados, evitando el coste personal y económico que ello supone”.

Con la de hoy, son tres ya las ocasiones en las que una delegación de la Cámara Vasca ha defendido en Madrid la creación de un fondo estatal de indemnizaciones para las víctimas del amianto. Pero cuestiones procedimentales o de plazo han impedido hasta el momento su culminación. Confiamos, ha subrayado Ipiñazar, que los grupos trabajen con responsabilidad y sitúen este asunto entre sus prioridades. “Pueden tomárselo con urgencia o enredarse. Pueden recoger el trabajo ya realizado hasta ahora o empezar de cero. Desde nuestro grupo, les pedimos por favor que lo sitúen en la agenda de sus prioridades y que aceleren su tramitación. Porque hoy el amianto sigue matando”.

La parlamentaria jeltzale ha querido agradecer el trabajo de todas las asociaciones de víctimas del amianto de las diferentes comunidades autónomas, y en particular el trabajo de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. “Llegamos aquí con el respaldo de todo el Parlamento Vasco pero también con el impulso, la fuerza y la determinación de todas las víctimas del amianto, de sus familiares y de las asociaciones que llevan años luchando por el reconocimiento de este colectivo. Gracias a ellos también, a su incansable lucha, hoy estamos aquí”.