En los dos últimos años, tres activistas de derechos humanos de Colombia han sido acogidas en Euskadi durante seis meses debido al acoso, las amenazas de muerte y la persecución que sufrían en su país por su trabajo en defensa de la territorialidad y los pueblos indígenas. Euskadi les brindó ayuda dentro del Programa Vasco de Protección para personas defensoras de derechos humanos, y se trata ahora, en esta nueva misión, de comprobar cómo ha sido el regreso y qué nivel de riesgo padecen.

Hoy, una delegación vasca viajará a Colombia para evaluar la situación de las personas acogidas, visibilizar el apoyo vasco y pedir a las instituciones públicas del país y organismos internaciones que protejan a los y las defensoras de derechos humanos. De esa delegación, forman parte Leixuri Arrizabalaga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el portavoz jeltzale en la materia Iñigo Iturrate. Ambos han querido expresar su apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que “pagan incluso con su vida” el trabajo en defensa de la justicia social, las minorías y una vida libre de violencia y miseria. “Muchos y muchas defensoras están condenados de por vida sin que sus países les ofrezcan la protección debida. Estos hostigamientos deben terminar ya”, han denunciado. Así, han pedido a las instituciones públicas de Colombia que garanticen la vida estas personas “porque los derechos humanos son valores universales”. 

El trabajo que desde hace años se desarrolla en Euskadi para exigir la defensa y protección de los derechos humanos se presenta como “determinante”, ya que está probado que el apoyo externo a los y las defensoras hace que la amenaza que pesa sobre ellos y ellas baje de intensidad. “Es vital ofrecerles ayuda aquí, pero es igual de importante estar con ellas cuando regresan a su país. En este viaje, además de visibilizar el apoyo institucional que tienen, queremos ver si el riesgo que tenían antes de viajar a Euskadi ha disminuido. Tienen que saber que no están solas y que tienen en este Parlamento, en el Gobierno Vasco y en los movimientos sociales el respaldo del que carecen en muchas ocasiones en sus lugares de origen. Queremos fortalecer este apoyo para terminar con la impunidad judicial y la violencia sistemática”.

Durante la estancia en Colombia, la delegación vasca visitará las localidades de Cali, Medellín, Montería y la capital, Bogotá, para reunirse con representantes institucionales y de la sociedad civil, difundir el Programa de Protección Temporal del Gobierno Vasco y pedir que se refuercen los mecanismos de prevención, acompañamiento y protección. Según el último informe de Front Line Defenders sobre la represión en Latinoamérica, la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos se cobró la vida en 2020 de 331 personas defensoras; más de la mitad fueron asesinadas en Colombia por defender a los pueblos indígenas, el derecho a la tierra, el medio ambiente o los derechos de la mujer. “Es el coste que tiene defender algo que nos concierne a todos y todas. En estos últimos meses, cuando los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC deberían estar implementándose a marchas forzadas, vemos con preocupación como se está produciendo un retroceso importante en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Por eso, es vital que Euskadi siga comprometida con la defensa de todos los derechos humanos en todos los lugares y con el proceso de paz en Colombia”, han lamentado.

El balance y los resultados de esta misión se plasmarán en un informe que será remitido a las instituciones colombianas y a los colectivos y personas con los que han contactado. La delegación, que permanecerá en Colombia hasta el próximo 29 de enero, está integrada, además de por representantes del Parlamento Vasco, por el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, la directora de Derechos Humanos Monika Hernando e integrantes de las organizaciones que participan en este programa: Mugarik-Gabe, Alboan, Emigrantes Sin Fronteras y Zehar-Errefuxiatuekin.