Dos días después de conocerse el documento de bases para el futuro del sistema educativo, el Pleno del Parlamento ha debatido y rechazado la propuesta de Elkarrekin Podemos para poner fin a los conciertos educativos. Instrumentos jurídicos cuya vigencia finaliza este año y que deben, por tanto, renovarse por el período de seis años que marca la ley. La parlamentaria y portavoz de Educación Leixuri Arrizabalaga ha defendido que, de acuerdo a la normativa vigente, esos conciertos tienen de ser renovados “porque de lo contrario dejaríamos a familias, alumnado, profesorado y centros sin una salida y con muchas necesidades por cubrir”.  Aceptar lo propuesto por la formación morada, ha añadido, sería una actuación “ilícita” por parte de este Gobierno. A su juicio, discursos como el de Podemos pueden llevar a la estigmatización de la red concertada, cuando ambas redes son complementarias y no excluyentes.

La parlamentaria jeltzale ha reclamado la puesta en valor de la coexistencia de ambas redes y el derecho que tienen las familias vascas a elegir el modelo educativo y el centro que quieren para sus hijos e hijas. “El papel que desempeña la red concertada y su encaje en nuestro sistema educativo está legitimado según el marco normativo vigente. El sistema educativo vasco se caracteriza por la coexistencia de dos redes, la pública y la concertada, que no se entenderían la una sin la otra y que ofrecen un servicio público de calidad. Debemos poner en valor las fortalezas de la convivencia”. Arrizabalaga ha destacado el arraigo, la tradición y el reconocimiento de la sociedad vasca a la red concertada, cuyo trabajo aporta excelencia, calidad y buenos proyectos pedagógicos. 

Esta defensa de la coexistencia de ambas redes no quiere decir, ha matizado, que no se pueda abordar un replanteamiento de los compromisos y obligaciones que tiene la concertada con la sociedad vasca. De hecho, este es uno de los asuntos a debate en la ponencia que analiza el futuro del sistema educativo. Arrizabalaga ha recordado que el documento de bases presentado esta semana ya plantea vincular la financiación de los centros al esfuerzo que realicen por superar la segregación y la exclusión social. Se ha mostrado a favor de estas modificaciones, y ha comprometido su trabajo y el del Gobierno Vasco para lograr el consenso más amplio posible en torno a la futura Ley de Educación. “El proceso que estamos viviendo en la ponencia es constructivo, honesto, oportuno y necesario; muy enriquecedor, y esperamos que tenga un resultado positivo”.