En 2012, Euskadi se convirtió en una de las primeras comunidades autónomas en contar con una normativa propia sobre la no discriminación por motivos de género y los derechos de las personas transexuales. En 2019, se aprobó la primera reforma para la despatologización y el derecho a decidir sobre la propia identidad. Y este año, de la mano de los colectivos y asociaciones en defensa de la comunidad transexual y transgénero, presentamos en el Parlamento una modificación integral de la ley con el objetivo de “mejorar las condiciones de vida de estas personas así como la respuesta por parte de las instituciones públicas a sus necesidades”. Jeltzales y socialistas asumen que, a pesar del camino recorrido y los avances conseguidos, son muchos los obstáculos que hoy persisten y que impiden el pleno desarrollo de estas personas. “La batalla no termina donde estamos. La consecución de una sociedad respetuosa con la diversidad implica una lucha continua. No podemos bajar la guardia y pese a los intensos años de trabajo en pro de la igualdad y la no discriminación quedan espacios en los que no todos los derechos están garantizados”, han destacado sus firmantes, Iñigo Iturrate por EAJ-PNV y Gloria Sánchez por el PSE-EE.

Como en ocasiones anteriores, el texto legal que llega a la Cámara Vasca lo hace con el impulso y la colaboración de la comunidad trans y de los colectivos que la representan. Una participación que los impulsores de la proposición califican de imprescindible. “No contar con la voz de los y las protagonistas sería legislar de espaldas a la realidad y con una visión limitada y distorsionada”. Iturrate y Sánchez confían en reproducir en el Parlamento el acuerdo ya alcanzado con la sociedad civil y en que la norma salga, como en años precedentes, con el concurso de todas las formaciones. “Estamos dando cumplimiento a nuestro programa de Gobierno, pero sobre todo estamos dando cumplimiento al compromiso que tenemos con la defensa de los derechos y las libertades de todas las personas. Estamos definiendo la sociedad que queremos, y ese modelo pasa por legislar todas las realidades. La transexualidad forma parte de la diversidad humana, es una realidad con la que se nace y nuestra obligación pasa por remover todas las barreras que dificultan a las personas una vida plena en derechos”.

La reforma, que ha sido ya registrada en la Cámara, recoge cuestiones “relevantes” de cara a garantizar plenamente el derecho de las personas transexuales a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral y adecuada a sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas o laborales; además de contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas, estableciendo para ello medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre e igualitaria. “Queremos que esta ley refuerce y profundice en los derechos de las personas transexuales o transgénero y en las iniciativas a desarrollar para hacerlos efectivos. Es una ley que suma derechos”, han afirmado.

En el ámbito sanitario, la norma establece una ampliación de la cartera de servicios (para adecuarse a los avances médicos y científicos)  y fija un plazo de seis meses para la puesta en funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria a la transexualidad y la Unidad especializada, que pasa de tener rango reglamentario a rango legal. Según el texto, se establecerá al menos un Servicio de Atención Primaria a la Transexualidad en cada uno de los territorios históricos.  En el sistema educativo, se desarrollarán protocolos de no discriminación por razón de identidad sexual, y en aquellos centros donde haya personas transexuales, el departamento garantizará la formación de toda la comunidad educativa, incluyendo al profesorado, personal administrativo, familias y alumnado. Los planes contra la discriminación llegarán también al ámbito laboral, público y privado, donde además se promoverá la formación específica del personal responsable de la inspección de trabajo y la prevención de riesgos.

La nueva redacción recoge el derecho de las personas transexuales menores a ser escuchadas y a participar en la toma de decisiones médicas. Si no es capaz de comprender el alcance de los tratamientos o es menor de 16 años, el consentimiento lo dará su representante legal. La proposición de ley regula también medidas en el ámbito familiar, la cultura, el ocio y el deporte o la atención en dependencias judiciales y policiales. Una reforma integral, han concluido sus impulsores, para que la transexualidad “pueda vivirse con naturalidad, sin miedos y con plena libertad”.