El Derecho Civil Vasco tendrá una norma propia que lo desarrolle, superando así los obstáculos que hasta ahora ha impuesto la legislación procesal española para el desarrollo de nuestro Derecho. La norma, que ha recibido el sí de todos los grupos menos una abstención, será, según ha manifestado la parlamentaria Irune Berasaluze, un potente instrumento para aumentar el corpus jurisprudencial, ya que serán muchos más los casos que lleguen a los tribunales vascos. “La ley española establece condiciones bastante estrictas para la admisión del recurso de casación y en la práctica, la falta de adecuación de la normativa estatal a nuestra realidad, ha hecho que la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya dictado muy pocas sentencia a lo largo de todos estos años”, ha subrayado.

Así, la nueva norma ampliará los casos en los que procede el recurso de casación, eliminando para ello el requisito de “cuantía económica mínima” para poder enjuiciar un asunto en casación. Actualmente, la cuantía mínima para el recurso de casación es de 600.000 euros, una cantidad demasiado elevada que limita los casos que llegan al TSJPV.

Esta exigua producción no permite conformar un análisis judicial profundo ni tampoco una doctrina unificada. Según Berasaluze, con la aprobación de esta ley se posibilitará disponer de una doctrina mayor y más rica, como ya está sucediendo en aquellas Comunidades Autónomas que como Catalunya o Galicia disponen de normativa propia. “Lo que hoy estamos haciendo en este Parlamento es avanzar en la consolidación y fortalecimiento de nuestro Autogobierno. Nuestro Derecho Civil propio se asienta sobre principios y fundamentos propios que difieren de los del Derecho Civil común. Necesitábamos una regulación que se adecue a las particularidades de nuestro Derecho propio”.

Berasaluze se ha felicitado por el alto grado de acuerdo alcanzado y ha agradecido a todos los grupos el esfuerzo realizado para aprobar una ley “clave” para la consolidación del Derecho Civil Vasco.