El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado hoy, con los votos de EAJ-PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. Una norma con la que se busca mejorar, actualizar y agilizar la respuesta institucional a las personas y colectivos más vulnerables. Y hacerlo, ha apostillado el parlamentario Jon Aiartza, en su doble vertiente: las prestaciones económicas para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas de vida y la reinserción social y laboral que se impulsa desde Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.

En su defensa, Aiartza ha puesto valor el trabajo que Euskadi y sus instituciones vienen desarrollando desde la década de los 80 para ayudar a miles de personas a llevar una vida lo más digna posible. Un sistema de protección, al que ha calificado de sólido y potente, que se presenta hoy con muy buenos resultados. Así, según los últimos datos publicados por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, la tasa de riesgo de pobreza en Euskadi es doce puntos inferior a la media del Estado. Un 16% frente al 27,8% de la media. Un dato, ha añadido, que “no se consigue de la nada. Se logra siendo un pueblo solidario, lo somos, y teniendo a unos gobiernos con unas claras políticas de cohesión e integración social”. Aiartza ha querido agradecer el ejemplo de solidaridad y esfuerzo económico de la ciudadanía, porque es ella la que posibilita que Euskadi responda de manera eficaz a las diversas situaciones de marginalidad. “Esa ciudadanía merece también que sus esfuerzos se vean recompensados con un sistema eficaz, bien gestionado y que cumpla con sus objetivos: proteger mejor a través de las prestaciones e impulsar el acceso a un empleo digno y de calidad”. Y agradecimiento también a todas las instituciones vascas, “porque nunca han dejado de mirar de frente a la pobreza y han seguido ofreciendo una respuesta normativa para seamos cada día un País más justo, solidario e igualitario”. Según las cifras que ha ofrecido durante el debate, las instituciones de Euskadi destinan al concepto de rentas mínimas el 40% del dinero total que se invierte en el Estado, cuando nuestra población no llega ni a representar el 5% del total. Esta nueva norma, ha dicho Aiartza, hará que sigamos abanderando las políticas de protección y que nos mantengamos en la vanguardia de las políticas sociales del entorno europeo.

Los cambios introducidos en la ley obedecen a las nuevas realidades y necesidades surgidas tras las crisis sanitarias y económicas padecidas en los últimos años. El impacto de estas crisis ha provocado que surjan nuevos colectivos que requieren también de una respuesta pública eficaz, ágil y flexible. Esos nuevos rostros a los que la norma pretende llegar son los rostros de mujeres (separadas, víctimas violencia de género, trata y explotación sexual), menores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, pensionistas y personas refugiadas. A todas ellas se dirige esta norma. “No podemos ni debemos vivir de espaldas a la pobreza. No podemos marginar a la persona que la padece. Seremos un País mejor en la medida en la que sepamos abordar sus causas y sepamos tratar a las personas que peor lo pasan”.

El parlamentario jeltzale ha celebrado el tono “sosegado y alejado de la crispación” que ha presidido las negociaciones para la aprobación de esta ley, huyendo del tensionamiento que en otras ocasiones ha rodeado a este tema. “Dudé de si seríamos capaces de estar a la altura del buen trabajo realizado por el Gobierno Vasco. Un trabajo muy serio, en un entorno no mediático, con mucha labor de escucha…Teníamos el listón alto, pero hoy podemos decir que también este Parlamento lo ha logrado”, ha concluido.