EAJ-PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de reforzar la protección de las personas menores de edad en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil y aumentar los mecanismos de control administrativo.

Entre las principales medidas del texto legal modificado destaca la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno Vasco o ante la Diputación Foral correspondiente al Territorio Histórico en el que se vaya a realizar la actividad. De este modo, las entidades organizadoras asumirán la responsabilidad del cumplimiento de todos los requisitos legales desde el primer momento.

Asimismo, la reforma refuerza de manera clara las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores. Un documento que, además, deberá renovarse anualmente.

La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios.

De la misma forma, se ha revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves. Se castigará –o se castigará más duramente- carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia…

EAJ-PNV y PSE-EE han solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, al tratarse de una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud.