El portavoz de EAJ-PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, y el parlamentario y burukide de euskera, Markel Olano, han presentado hoy la enmienda del grupo jeltzale a la modificación de la Ley de Empleo Público, una propuesta que busca blindar el euskera en las ofertas públicas de empleo (OPE) garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica de los procesos y a las personas que se presentan a los mismos.

Ambos representantes han subrayado que el objetivo de la enmienda es dar una solución viable y jurídicamente segura, alejada “del inmovilismo de unos y del maximalismo de otros”, y han insistido en que EAJ-PNV seguirá trabajando hasta el último momento para alcanzar un acuerdo amplio desde la posición de centralidad que ocupa. En este momento, el grupo jeltzale prioriza sacar adelante una Ley que blinde el sistema actual de euskaldunización de la administración vasca, un modelo exitoso. En estos momentos, el 90% de las personas trabajadoras del sector público vasco ha acreditado algún perfil lingüístico, mientras que hace 30 años apenas un tercio lo había hecho.

Uno de los elementos claves de la propuesta que hoy han dado a conocer es la generalización de la figura de las preceptividades diferidas en los procesos de OPE, un mecanismo que permite compatibilizar el impulso del euskera con la apertura y seguridad de los procesos de empleo. En concreto, la enmienda plantea que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. De este modo, las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo, con el compromiso de la propia administración de facilitar la formación necesaria. Evidentemente, el conocimiento de euskera será un mérito también en esos casos.

Además, el texto recoge que cada administración deberá contar con su propio índice de obligado cumplimiento, que determinará con el máximo rigor qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso y la realidad sociolingüística del entorno. Dichos criterios serán determinados en el Decreto que se aprobará con posterioridad. De la misma forma, desaparecería el índice general de obligado cumplimiento, tal y como ha planteado desde el principio el grupo jeltzale, al ser uno de los elementos más débiles de la actual normativa desde el punto de vista jurídico.

Díez Antxustegi y Olano han defendido que esta propuesta refuerza el euskera desde el realismo y la eficacia, garantizando su avance sin poner en riesgo los procesos selectivos ni generar inseguridad jurídica. “Es una propuesta equilibrada y gradual, que atiende a las aportaciones que han realizado otros partidos políticos y que trata de dar respuesta a un reto complejo con responsabilidad”, han señalado.

En ese contexto, el grupo jeltzale ha instado a todas las fuerzas parlamentarias a que hagan un movimiento político que facilite la aprobación de la propuesta legal que permita blindar el sistema actual de euskaldunización de la administración vasca. Asimismo, ha ofrecido su compromiso de evaluar en un plazo medio el impacto de la Ley en las OPE y a seguir mejorándola si es necesario.

EAJ-PNV ha recalcado que su posición ha sido flexible y constructiva durante todo el proceso, incorporando planteamientos de otras formaciones y manteniendo una actitud abierta al acuerdo. “Euskadi necesita un acuerdo y el euskera también. Es un tema demasiado importante como para caer en el inmovilismo o en posiciones maximalistas”, han concluido.