En el escrito, la defensa de Atutxa, Knörr y Bilbao recuerda que solicitaron el archivo de la causa por considerar que la continuidad de las diligencias vulneraba la "inviolabilidad parlamentaria". En el texto, la defensa, tras seguir sosteniendo la falta de jurisdicción de la Sala para juzgar unos hechos que se derivan de votos y opiniones que constituyen el núcleo de la prerrogativa de la inviolabilidad, solicita el sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito.

En el texto, se aportan tres dictámenes emitidos a petición de la defensa de los tres catedráticos de Derecho Constitucional en los que se analizan los hechos a los que se refiere la causa y se ofrecen conclusiones que, según la defensa, son "precisas y contundentes" y sirven de fundamento, "junto con el resto de la prueba practicada, a la solicitud de sobreseimiento".

En sus respectivos informes, los tres expertos coinciden en señalar que es imposible cumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo SA sin violar el reglamento del Parlamento vasco y que no es posible encajar los hechos que se investigan como un delito de desobediencia.