Iñigo Iturrate, por el grupo parlamentario Nacionalistas Vascos-Euzko Abertzaleak, y José Antonio Pastor, por Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, han presentado en el registro de la Cámara la Proposición de Ley para la reforma de la Ley vasca de abusos policiales, quedando ya incorporados a su  articulado los  cambios pactados entre los Gobierno vasco y español para que la ley pueda tener una mayor seguridad jurídica y evitar que el Tribunal Constitucional la suspenda. Se trata de modificaciones puntuales que dejan “más claro si cabe” y confirman el sentido inicial de la norma, que no es otro que reconocer  y reparar a las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999.

“Siempre hemos querido primar el interés de las víctimas por encima de cualquier otra consideración judicial como el esclarecimiento de los hechos o la  identificación de culpables.  Son víctimas que existen pero que no hemos visto y que merecen, al igual que el resto, un reconocimiento y un apoyo que hasta ahora no han tenido. Este y no otro ha sido y es el espíritu de la ley. Nunca hemos pretendido suplantar ni invadir las competencias del poder judicial, pero ante las dudas y cautelas suscitadas en algunos ámbitos hemos querido solventarlas y salvaguardar así la ley. No acometer estas reformas sería llevarnos a un callejón sin salida y frustrar las esperanzas de un colectivo que se ha sentido desamparado por los poderes públicos”, defienden sus promotores.

Los cambios que ambos grupos han introducido en la ley, y que fueron pactados en el mes de julio por Lakua y Madrid, afectan a tres artículos  y  a la disposición adicional sexta. En particular, se sustituyen expresiones referidas al “esclarecimiento de los hechos” por otras en las que se alude a la búsqueda de la “más completa resolución de los expedientes”; además, en la nueva redacción, se da una mayor protección a los posibles victimarios salvaguardando los derechos al honor, la presunción de inocencia y la intimidad. “Hemos hecho la mejor ley posible en el marco de nuestras competencias, sin entrar a ejercer el papel que le corresponde a los jueces. No lo hicimos antes y ahora lo ratificamos”, han sentenciado las dos formaciones.

En julio,  los Gobiernos vasco y español  celebraron un encuentro en el que se acordaron las modificaciones anteriormente detalladas y el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso que Mariano Rajoy interpuso en mayo en el Tribunal Constitucional contra esta ley. Pero la retirada del recurso no asegura que el alto tribunal no pueda continuar con sus análisis y se pronuncie sobre la norma. Para que la reforma pueda quedar aprobada antes del pronunciamiento del TC sobre el desistimiento, los grupos firmantes de la proposición de Ley han solicitado su tramitación por la vía de urgencia.

Iturrate y Pastor han pedido al resto de grupos un posicionamiento favorable a la reparación de este colectivo. “Todas las víctimas deben  ser reconocidas; nosotras y nosotros tenemos el deber de hacerlo posible”.

La ley fue aprobada en la pasada legislatura con los votos a favor de EAJ-PNV, PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PP y UPyD. Meses después varios artículos fueron suspendidos por el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy, quien vio en la misma una invasión competencial.