El Pleno del Parlamento Vasco ha dado su visto bueno a la renovación de la Ley de Aportaciones para el período 2022-2026. Prorrogada desde hace una década, la última expiró en el año 2011, esta normativa es de vital importancia para el correcto funcionamiento del entramado institucional vasco ya que determina la distribución de recursos entre Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos y la cantidad de dinero que cada territorio histórico aporta a las arcas comunes. El aval de la Cámara llega tras el acuerdo alcanzado en julio en el seno del Consejo Vasco de Finanzas por los tres niveles institucionales. Unas negociaciones complejas en cuanto que hablamos de tres territorios con tres realidades socio-económicas diversas.

En su defensa, la parlamentaria de EAJ-PNV Itxaso Berrojalbiz ha destacado la fortaleza y estabilidad que aporta la ley en un contexto complicado y de enorme esfuerzo inversor generado por la Covid19. Así, las instituciones dispondrán de un marco de referencia estable de cara a elaborar unos presupuestos que estarán dirigidos a la recuperación económica y la generación de empleo. “El acuerdo marca un hito y permitirá a todas las instituciones vascas arrancar el 1 de enero de 2022 con unos presupuestos asentados en la certidumbre. Permitirá centrarse en la recuperación económica y la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad”.

Berrojalbiz ha subrayado la capacidad de entendimiento y acuerdo de las instituciones y la visión de País que han logrado integrar. Es una inversión en estabilidad, ha añadido, para responder a los retos de las transformaciones globales que Euskadi afronta: tecnológica y digital, energética y ecológica, social y sanitaria. La representante jeltzale ha rechazado hablar en términos de “quién gana o quién pierde”, porque es una ley “buena” para el conjunto de las instituciones.

En lo que se refiere al contenido de la ley, Berrojalbiz ha destacado que los cambios introducidos “no son profundos”, y responden a las recomendaciones realizadas por el grupo de expertos en el informe LILE. Por primera vez, se blinda legalmente la financiación municipal, mejorado el porcentaje de participación mínima establecida en la ley para los tributos concertados. Además, ha subrayado el esfuerzo inversor del Gobierno Vasco que aportará 10 millones de euros adicionales para reforzar la financiación de los servicios sociales.

“La Ley debía actualizarse y se ha hecho con un impacto neutral. Se incorporan todas las recomendaciones del grupo de expertos, se incorpora la reivindicación histórica de los ayuntamientos de blindar por ley  su mínimo de financiación y se incorporan de manera adicional por parte del Ejecutivo Vasco 10 millones de euros para políticas sociales”. Es un día que nos hace estar “satisfechas”, ha añadido, porque este acuerdo se ha hecho con visión de País y respetando un principio fundamental: el del acuerdo. “La ley trae a Euskadi estabilidad política y financiera para afrontar en mejores condiciones la salida de la crisis”, ha concluido.